{"id":4449,"date":"2025-11-28T15:09:27","date_gmt":"2025-11-28T15:09:27","guid":{"rendered":"https:\/\/nees.fch.unicen.edu.ar\/?p=4449"},"modified":"2026-09-16T15:16:50","modified_gmt":"2026-09-16T15:16:50","slug":"un-proyecto-que-arrasa-derechos-libertad-educativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nees.fch.unicen.edu.ar\/index.php\/2025\/11\/28\/un-proyecto-que-arrasa-derechos-libertad-educativa\/","title":{"rendered":"Un proyecto que arrasa derechos: \u00bfLibertad educativa?"},"content":{"rendered":"
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\"En<\/h2>\n<\/header>\n

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Por Renata Giovine<\/strong>
\nNEES\/FCH\/UNICEN<\/p>\n

Cuando analizamos un proyecto de ley podemos tener en cuenta tanto de qu\u00e9 proyecto forma parte y a qu\u00e9 racionalidad pol\u00edtica responde, como lo que expl\u00edcitamente dice el texto. Es decir, nos abre al menos a tres planos de indagaci\u00f3n que \u2013juntos- nos posibilitan encontrar algunas respuestas al\u00a0porqu\u00e9 dice lo que dice<\/em>\u00a0este proyecto de ley.<\/p>\n

Primer plano de an\u00e1lisis: El proyecto que circula por las redes, denominado\u00a0Ley de Libertad Educativa\u00a0<\/em>y que propone derogar la Ley de Educaci\u00f3n Nacional (LEN)[1]<\/a>, no posee autor\u00eda. \u00bfEs un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional\u00a0 o de diputados\/as o senadores\/as del bloque oficialista o de otros? No hay membretes ni logos, no hay nombres ni apellidos. No ingresa por las v\u00edas formales respetando la institucionalidad pol\u00edtica democr\u00e1tica, sino que simplemente circula por whatsapp, mails, redes u otros medios. \u00bfNueva forma de hacer pol\u00edtica buscando instalar un tema en la agenda p\u00fablica y legitimidad social, o provocando a diferentes sectores a enfrentarse par\u00e1ndose en veredas contrarias en torno al alcance del t\u00e9rmino\u00a0libertad<\/em>?<\/p>\n

Una libertad que puede estar asociada a una l\u00f3gica mercantilista que apela al mercado como el principal regulador social o, por el contrario, a una l\u00f3gica democr\u00e1tica que promueve y resguarda el ejercicio (no solo el reconocimiento legal) de los derechos ciudadanos, entre los cuales se encuentra el derecho a la educaci\u00f3n. Derecho de ense\u00f1ar y a aprender que, como bien lo recuerda este proyecto en su primer art\u00edculo, ha adquirido constitucionalmente el estatus de derecho humano fundamental en tanto obligaci\u00f3n estatal. Cuesti\u00f3n que retomaremos cuando haga referencia al tercer plano enunciado, puesto que aqu\u00ed queremos hacer hincapi\u00e9 en la racionalidad o l\u00f3gica pol\u00edtica sustentada por el gobierno del presidente Milei. Ruiz (2024) la ha caracterizado como \u201cantiestatista, que desregula, deslegitima lo normativo y pregona una pseudo-libertad\u201d (p. 240); trasmutando el t\u00e9rmino libertad por el\u00a0libertarismo<\/em>, sustentando una concepci\u00f3n que no es la misma que aquella sostenida por el liberalismo cl\u00e1sico, el neoliberalismo, el conservadurismo o el neoconservadurismo; aunque reconozcamos relaciones de parentesco. Es una concepci\u00f3n radicalizada cercana a la sostenida por el\u00a0 anarquismo y vinculada a una filosof\u00eda individualista pro-mercado.<\/p>\n

Segundo plano de an\u00e1lisis: \u00bfEn qu\u00e9 agenda de gobierno se inserta este proyecto de ley? \u00bfPor qu\u00e9 las voces de alarma que comienzan a aparecer en los \u00e1mbitos acad\u00e9micos, educativos y period\u00edsticos? El contexto en el que se formula es el de desfinanciamiento a los sistemas educativos jurisdiccionales, al no recibir los aportes del estado nacional que la LEN obliga a girar a las provincias y a CABA[2]<\/a>, y que estas no pueden asumir por el vigente sistema de coparticipaci\u00f3n federal caracter\u00edstico de un \u201cfederalismo centralizador\u201d (Chiaramonte, 1993) que las hace depender hist\u00f3ricamente de los aportes de la Naci\u00f3n. Tambi\u00e9n es el de desfinanciamiento y ataque sistem\u00e1tico a las universidades \u2013p\u00fablicas, por supuesto-, a la ciencia y a la tecnolog\u00eda instalando un halo de sospechas a\u00fan no demostradas ni tampoco auditadas. \u00bfImporta la demostraci\u00f3n de acusaciones y agravios o s\u00f3lo se persigue instalar la sospecha en la sociedad para desprestigiar a los anteriores gobiernos democr\u00e1ticos, a\u00fan arrasando el prestigio de instituciones, educadores\/as, acad\u00e9micos\/as, cient\u00edficos\/as, muchos de los cuales poseen renombre internacional?<\/p>\n

Asimismo, es la agenda que rebaja al ministerio educativo nacional al nivel de secretar\u00eda (DNU-2023-8-APN-PET\/2023), que otorga \u201cvouchers\u201d educativos a las familias que env\u00edan sus hijos\/as al sector privado subsidiado por el estado (Resoluci\u00f3n n\u00b0 61\/2024 del Ministerio de Capital Humano), de la interrupci\u00f3n o desfinanciaci\u00f3n de los programas socioeducativos para las instituciones educativas del sector estatal, del Plan Nacional de Alfabetizaci\u00f3n y de los embates a la educaci\u00f3n sexual integral (ESI), entre otras.<\/p>\n

Es este el\u00a0contexto del texto<\/em>\u00a0de este proyecto de ley an\u00f3nimo -\u00bfde Rocca?, \u00bfdel PEN?- que nos posibilita abordar el tercer plano de an\u00e1lisis. Acorde a la racionalidad pol\u00edtica sustentada y a la agenda de gobierno -brevemente descriptas-, de su lectura podemos observar r\u00e1pidamente que se basa en los principios de subsidiariedad, desregulaci\u00f3n y privatizaci\u00f3n de la educaci\u00f3n. As\u00ed se vuelve a instalar debates ya presentes en la formaci\u00f3n del estado liberal y del sistema educativo en el siglo XIX, otros caracter\u00edsticos de los siglos XX y XXI, principalmente relacionados al rol principal\/subsidiario del estado, al laicismo\/neutralidad\/libertad de ense\u00f1anza \u2013confesional-, a la des\/regulaci\u00f3n estatal de la escolarizaci\u00f3n; los cuales se entrelazan con los avances en el acceso y graduaci\u00f3n de ni\u00f1os\/as y j\u00f3venes en los diferentes niveles educativos (con excepci\u00f3n de algunos gobiernos dictatoriales), y al creciente reconocimiento cultural de los derechos de grupos minoritarios (relacionados al g\u00e9nero, a las capacidades diferentes y a los pueblos originarios, principalmente).<\/p>\n

Algunos de estos derechos los cre\u00edmos resueltos con la adhesi\u00f3n de Argentina a convenciones y tratados internacionales desde la recuperaci\u00f3n democr\u00e1tica[3]<\/a>, la Reforma Constitucional de 1994, y a un conjunto de leyes sociales y educativas de la primera d\u00e9cada de este siglo, entre las cuales podemos mencionar la ya citada LEN n\u00ba 26206\/2006, la Ley Nacional n\u00ba 26061\/2005 de Promoci\u00f3n y Protecci\u00f3n Integral de los Derechos de Ni\u00f1as, Ni\u00f1os y Adolescentes, y la Ley Nacional n\u00b0 26150\/2006 de Educaci\u00f3n Sexual Integral.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 nos dice este texto sobre ellos? Solo daremos unas pinceladas sobre el mismo, ya que realizar un an\u00e1lisis exhaustivo ameritar\u00eda destinarle un espacio que excede al de este art\u00edculo de difusi\u00f3n.<\/p>\n

Uno de los puntos en los que nos quisi\u00e9ramos centrar es el de principalidad o subsidiariedad del estado en materia educativa, que hace necesaria para su comprensi\u00f3n introducir la dimensi\u00f3n hist\u00f3rica. Quienes nos dedicamos a la pol\u00edtica educativa lo comprendemos ligado, en primer lugar, a una puja por los recursos entre la educaci\u00f3n p\u00fablica y la educaci\u00f3n privada dado que el sistema educativo argentino se constituy\u00f3 como un sistema mixto que, desde la Constituci\u00f3n Nacional de 1853, reconoce ambos sectores. En segundo lugar, al debate en torno a la regulaci\u00f3n estatal de la educaci\u00f3n privada. Ambos aspectos cobran importancia en la d\u00e9cada de los \u00b460 del siglo XX cuando se desregula el sector privado y se comienzan a provincializar las escuelas primarias estatales. Luego de vaivenes entre mayor o menor principalidad del estado, la primera ley educativa que legislar\u00e1 para todos los sistemas educativos provinciales y aquello que queda bajo la \u00f3rbita nacional en Argentina \u2013la\u00a0Ley Federal de Educaci\u00f3n<\/em>\u00a0(LFE) n\u00ba 24195\/1993-, lo resolver\u00e1 como un problema de gesti\u00f3n o de quien administra a las escuelas, ampliando el t\u00e9rmino\u00a0p\u00fablico<\/em>\u00a0a la educaci\u00f3n privada; el cual ya no ser\u00e1 sin\u00f3nimo de estatal y ser\u00e1 mantenida en la LEN. Pero la diferencia entre ambas leyes, es que en la primera, teniendo en cuenta su reglamentaci\u00f3n, se pasa de un estado docente a compensador al focalizar las pol\u00edticas educativas en los sectores estudiantiles m\u00e1s pobres de la poblaci\u00f3n; en tanto la LEN posiciona al estado nacional y a las provincias como principales garantes de la educaci\u00f3n, la informaci\u00f3n y el conocimiento a todos\/as los\/as ciudadanos\/as (art\u00edculos 2, 4 y 7), promoviendo como principio a la igualdad educativa (art\u00edculos 79 a 83).<\/p>\n

Este proyecto de ley va m\u00e1s all\u00e1 que la LFE al proclamar el principio de subsidiariedad asociado a otros dos de los principios a trav\u00e9s de los cuales debe organizarse el \u201cSistema Nacional de Educaci\u00f3n [B\u00e1sica]\u201d: \u201clibertad educativa\u201d y \u201crol preferente de la familia\u201d (art\u00edculo 3). Por un lado, volvemos a la concepci\u00f3n liberal de sinonimia entre libertades y derechos, la cual hab\u00eda sido revertida con el constitucionalismo social de postguerra del siglo XX al asociarlo al de igualdad. Por otro, contradice esa primera parte del art\u00edculo 1 en el cual se reconoce al derecho a la educaci\u00f3n como derecho humano y que, como lo muestran Tomasevsky (2004) a nivel internacional y Scioscioli (2015) y Ruiz (2020) a nivel nacional, implica que el estado se compromete a garantizar el fiel cumplimiento de la obligaci\u00f3n de una educaci\u00f3n de calidad a todos\/as, no prescribiendo nunca este deber. Ello supone brindar, proveer y sostener la educaci\u00f3n. O dicho en t\u00e9rminos de la primera autora citada, implica asegurar la accesibilidad (\u00fanico t\u00e9rmino que aparece en el proyecto de ley), pero tambi\u00e9n la aceptabilidad, la disponibilidad o asequibilidad y la adaptabilidad.<\/p>\n

En un art\u00edculo anterior escrito junto a Natalia Correa (2010), afirm\u00e1bamos recuperando a Bravo (1983) y Paviglianiti (1991), que la subsidiariedad se vincula a:<\/p>\n